LA REFORMA LABORAL NO ES MODERNIZACIÓN, ES RETROCESO

En el marco de la aprobación de la Ley de Reforma Laboral por parte de la Cámara de Diputados, la diputada nacional Gabriela Pedrali lanzó duras críticas contra el proyecto impulsado por el oficialismo. “no discutimos una modernización laboral. Esta reforma no moderniza: precariza; no genera empleo: facilita despidos; no promueve el desarrollo: debilita derechos”, sostuvo.

Además, cuestionó el concepto de “libertad” planteado por el presidente Javier Milei: “Lo que el Presidente llama libertad es, en realidad, libertad para que las grandes empresas puedan despedir más barato y trasladar los riesgos al trabajador”. Y agregó que no hay en la ley un solo artículo que favorezca a las y los trabajadores; por el contrario, “responde a una lógica clara de este gobierno: avanzar hacia un modelo de trabajo cada vez más precario, debilitando la protección laboral”.
Pedrali recordó que la flexibilización laboral no es una experiencia nueva en la Argentina y que sus resultados ya fueron negativos. “Pasó en los años 90 con Carlos Menem; pasó con Fernando de la Rúa; pasó durante el gobierno de Mauricio Macri; y también en esta gestión, tras la reforma incluida en la Ley Bases, cuando se perdieron cientos de miles de puestos registrados y cerraron miles de empresas. La historia argentina ya lo demostró: nunca se creó empleo quitando derechos”, afirmó.

Impacto en La Rioja y el federalismo
La diputada también advirtió sobre las consecuencias que la reforma tendrá en las provincias del interior. “En provincias como la nuestra, donde la matriz productiva depende de la industria, de las economías regionales, del empleo público y de las pymes, el mercado interno es vital”, señaló.
Y agregó: “Cuando baja el consumo, cierran comercios y pymes, y aumenta el desempleo. Esta reforma no va a fortalecer el desarrollo federal: lo va a debilitar”.
En ese sentido, remarcó que el proyecto carece de un plan productivo integral y de políticas específicas para el interior del país.

Rechazo a las derogaciones
Asimismo, Pedrali rechazó las derogaciones aprobadas por el oficialismo, entre ellas las vinculadas al derecho de huelga y a la organización sindical. “Cercenar el derecho a huelga y debilitar la organización sindical es debilitar la defensa del salario. Buscan romper la negociación colectiva para que cada trabajador tenga que negociar en soledad y en desventaja”, advirtió.
También se refirió a la derogación del Estatuto del Periodista, al considerar que “es una señal preocupante de ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información. Cuando se debilita el periodismo, se debilita la democracia”.
Finalmente, cuestionó la eliminación de fuentes históricas de financiamiento del INCAA: “Es un golpe directo al fondo de fomento, un ataque al sector audiovisual, a la producción nacional y a nuestra cultura”, concluyó.

BAJAR LA EDAD DE IMPUTABILIDAD NO RESUELVE LA INSEGURIDAD

La diputada nacional Gabriela Pedrali se prepara para el debate en el Congreso de la Nación sobre el proyecto de ley que propone la baja de la edad de imputabilidad, en un contexto marcado por fuertes cuestionamientos a la iniciativa impulsada por el oficialismo.

De cara al tratamiento legislativo, Pedrali rechazó el proyecto que propone reducir la edad de imputabilidad a los 14 años, cuestionó su enfoque punitivista y remarcó la necesidad de dar un debate serio y plural, que involucre a las provincias y a todos los actores y organismos competentes.
En ese sentido, sostuvo que “el gobierno nacional está haciendo un uso político de esta problemática, sin buscar soluciones reales ni políticas integrales para abordar la inseguridad en la Argentina, incluso en situaciones que involucran a jóvenes”. Además, señaló que “el Poder Ejecutivo presentó este proyecto el año pasado sin lograr consenso para su votación, y vuelve a insistir este año, aún cuando ya lo modificó en dos oportunidades en el transcurso de esta misma semana”.
La legisladora también cuestionó la falta de sustento estadístico de la iniciativa oficialista y detalló que los casos que involucran a menores representan alrededor del 3% a nivel nacional y que, en La Rioja, no alcanzan el 1%, siendo en su mayoría delitos contra la propiedad.
Asimismo, aclaró que no se opone a la actualización del régimen penal juvenil: “entendemos que debe revisarse y profundizar el debate sobre la ley vigente, elaborando una nueva legislación que no sea regresiva en materia de derechos humanos, con una mirada puesta en las infancias y adolescencias, y que establezca un fuero específico para los menores en conflicto con la ley, claramente diferenciado del régimen penal para adultos”, expresó.
En el mismo sentido, sostuvo que “la realidad existe y hay que asumirla, pero requiere de un debate serio y plural, que involucre a las provincias y a todos los actores y organismos competentes; que incluya planificación, presupuesto adecuado y el fortalecimiento de los juzgados, las defensorías y los dispositivos de acompañamiento”.

Reunión con profesionales de niñez y adolescencia
En este marco, la diputada nacional mantuvo una reunión con profesionales del área de Niñez y Adolescencia para abordar la temática y profundizar el análisis desde la realidad provincial. Participaron del encuentro Lucía Díaz Chiavassa, secretaria de Inclusión y Desarrollo Social; el Dr. Javier Aumada, subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia; la Dra. Belén Carrizo, directora general de Niñez y Adolescencia; la Dra. Estela Ponce, coordinadora del Dispositivo Penal Juvenil “Nueva Vida”; y el Dr. Mariano López, coordinador de Niñez y Adolescencia.
Al respecto, la secretaria Lucía Díaz Chiavassa expresó: “Estamos agradecidos con la diputada por convocarnos como equipo técnico y legal para debatir este tema y aportar una mirada provincial, tanto teórica como práctica”. Y agregó: “En La Rioja la delincuencia juvenil no tiene un impacto significativo. La aprobación de esta ley sería perjudicial para nuestros adolescentes, ya que reduce una problemática estructural y multicausal a una respuesta punitiva de criminalización y penalización de la infancia”.
El equipo profesional coincidió en que la aprobación del proyecto representaría un retroceso en materia de derechos internacionales, al volver a un paradigma que deja de concebir a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho para tratarlos desde una lógica tutelar. “Necesitamos fortalecer las políticas públicas y no legitimar, con medidas como estas, la no intervención del Estado. Actuar únicamente después del delito implica no invertir en prevención, resguardo y protección de los derechos de las infancias y adolescencias”, concluyeron.