La presidenta de la Comisión de Turismo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Gabriela Pedrali, encabezó este martes una nueva reunión de la comisión con el objetivo de abordar la situación del turismo social en Argentina y el presente de las históricas Unidades Turísticas de Embalse y Chapadmalal, sobre las que existen distintas iniciativas parlamentarias en tratamiento.

Durante la apertura, Pedrali destacó la importancia de que el Congreso Nacional funcione como ámbito de escucha y debate sobre los temas que impactan en la sociedad, promoviendo un intercambio plural que contribuya a enriquecer la construcción de las herramientas normativas necesarias que demanda el sector. Asimismo, señaló que este encuentro con referentes vinculados a la actividad permitirá a diputados y diputadas conocer de primera mano y analizar los desafíos y las realidades que atraviesa el turismo en general, y particularmente el turismo social, así como el rol que cumplen estos complejos turísticos en la promoción del acceso al turismo, el desarrollo regional y la generación de empleo.

“Nuestro objetivo hoy no es anticipar conclusiones, sino poner en agenda lo que está ocurriendo, generar un espacio plural de escucha y reflexión que contribuya a enriquecer el debate parlamentario y a construir herramientas que permitan fortalecer una actividad que genera empleo, promueve el desarrollo regional y amplía derechos”, expresó.

La legisladora continuó: “El Congreso debe ser la caja de resonancia de la realidad que atraviesa el sector. Este ámbito es fundamental para fortalecer ese debate con el respeto institucional que merece”. Finalmente, sostuvo: “Tenemos una enorme responsabilidad con quienes representamos y vamos a seguir trabajando desde esta Comisión para contribuir a la búsqueda de las soluciones que la comunidad está demandando”.

---

Iniciativas parlamentarias en defensa del turismo social

Diputadas y diputados autores de las distintas iniciativas expusieron los fundamentos de los proyectos parlamentarios ingresados y compartieron sus posiciones sobre el turismo social.

Por su parte, la diputada por Córdoba Carolina Basualdo (bloque Provincias Unidas) destacó el valor estratégico de la Unidad Turística Embalse para Córdoba, para la región y para el sistema de turismo social del país. Indicó que presentó un pedido de informes al poder ejecutivo reclamando precisiones sobre el futuro del complejo y de sus trabajadores. También pidió que las decisiones vinculadas a estos espacios se construyan a partir de una mesa de diálogo con las comunidades y los actores involucrados: “Cada vez sentimos más que se toman decisiones desde una oficina en Buenos Aires sin conocer la realidad del territorio”, advirtió.

En el mismo sentido, la diputada por Córdoba Gabriela Estévez (Unión por la Patria) destacó que la Unidad Turística Embalse ha sido un motor fundamental para el desarrollo del Valle de Calamuchita y alertó sobre las consecuencias que genera su cierre, con un fuerte impacto económico en toda la región. “El presidente Milei insiste con terminar con todo aquello que representa una bandera de justicia social: el acceso a las vacaciones para las familias trabajadoras y humildes, y la posibilidad de que los pueblos se desarrollen y crezcan”, concluyó.

Por su parte, la diputada nacional por Santa Cruz Ana María Ianni (Unión por la Patria) recordó que desde 2024 viene impulsando iniciativas parlamentarias para solicitar información sobre las medidas que comenzaban a afectar al turismo social. En ese marco, señaló que uno de los principales puntos de preocupación fue el Decreto 216/2025, mediante el cual el Gobierno nacional derogó artículos de la Ley Nacional de Turismo vinculados a esta política pública. “El problema es cuando se pretende borrar al turismo social y deja de ser una política de Estado. Por eso impulsamos una iniciativa para volver a incorporarlo a la Ley Nacional de Turismo” y enfatizó “El gobierno nacional ha demostrado que no le interesa el turismo social, le interesan más los negocios”.

Voces de las y los protagonistas: preocupación por el futuro de Embalse y Chapadmalal

La jornada contó con la participación de referentes del sector turístico, trabajadores, especialistas, organizaciones y diversos actores vinculados a la actividad, quienes compartieron diagnósticos y experiencias sobre la situación actual de las Unidades Turísticas de Embalse y Chapadmalal, así como sobre el futuro de las políticas de turismo social en el país.

“Esto no es un problema de la provincia de Buenos Aires. El Complejo de Chapadmalal está en territorio bonaerense, pero su impacto es federal. Por eso queremos que nuestro reclamo sea escuchado, por el bien de las economías regionales”, sostuvo Melina Capucho, directora provincial de Innovación Estratégica de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, el intendente de Embalse, Córdoba, Mario Rivarola, puso el foco en la situación de los trabajadores y de la comunidad local. “Quienes realmente la están pasando mal son los trabajadores y la gente del pueblo. Vengo a pedir lo mismo que escuchamos todos los días los intendentes: que trabajemos en conjunto; lo único que tenemos que defender en la Argentina es a la gente”, concluyó.

Cintia Gabriela Suárez, trabajadora del Complejo Chapadmalal describió el impacto social que atraviesa la comunidad ante la incertidumbre sobre el futuro del predio y advirtió que las decisiones que se adopten afectarán directamente a cientos de familias. “Hay toda una comunidad organizada para defender el Complejo; hace casi dos años vivimos una situación de profunda incertidumbre, esperando que se tome la decisión de reabrir estos hoteles”, sostuvo.

En el mismo sentido, David Salto, en representación de la Unidad Turística Embalse, sostuvo que la continuidad del turismo social no responde a una cuestión de equilibrio fiscal, sino a una definición ideológica sobre el rol del Estado. “No es una cuestión de desequilibrio fiscal sostener el turismo social; es una cuestión netamente ideológica de desprecio al pueblo y al pueblo trabajador”, afirmó. Asimismo, advirtió que “cuando el Estado se retira de la defensa de los derechos e intereses del pueblo, es porque decide otorgar privilegios y beneficios a los amigos del poder”.

La reunión reafirmó el compromiso de la Comisión de Turismo de continuar promoviendo ámbitos institucionales de diálogo y análisis sobre las políticas turísticas, en particular aquellas vinculadas al turismo social, entendiendo que constituyen una herramienta clave para el desarrollo federal, la inclusión social y la generación de oportunidades en todo el territorio nacional.

La diputada nacional Gabriela Pedrali se opuso al aumento del gas al rechazar la modificación del régimen de Zonas Frías impulsada por el gobierno de Javier Milei.

“En un país desigual como la Argentina, con enormes diferencias climáticas y regionales, el régimen de Zonas Frías no es un privilegio: es una herramienta clave para corregir asimetrías y garantizar condiciones de vida digna”, sostuvo.

La legisladora advirtió que avanzar sobre este esquema implica “dar un paso atrás en materia de derechos” y cuestionó el enfoque del oficialismo: “Mientras hablan de libertad, yo me pregunto: ¿libertad para quién? ¿Para las familias que no saben si van a poder prender una estufa o que tienen que elegir entre cocinar o calefaccionarse?”.
Pedrali también remarcó que, en el dictamen que impulsó junto a su bloque, se incluyeron iniciativas para avanzar hacia un esquema más justo a nivel nacional: “No solo defendemos las Zonas Frías; también proponemos avanzar en la creación de un régimen de tarifa diferenciada para zonas cálidas y muy cálidas, que reconozca las realidades climáticas de nuestras provincias, como La Rioja”.

En ese sentido, agregó: “Necesitamos un plan federal vinculado a la energía. No importa la provincia en la que vivimos: la Argentina necesita un proyecto de país integrador que contemple las realidades de todo el territorio”.

Finalmente, expresó que “una vez más se ve la crueldad planificada del gobierno de Javier Milei y sus aliados al avanzar con esta medida justo cuando comienza la época más fría del año”, y reafirmó el rol del Estado en la garantía de derechos básicos: “No hay privilegios cuando hablamos de condiciones de vida digna. Hay derechos. Y el Estado tiene la obligación de garantizarlos”.

La diputada nacional Gabriela Pedrali participó este lunes de una charla abierta en la Universidad Tecnológica Nacional Regional La Rioja, junto al decano José Nieto y miembros de la comunidad educativa. En la oportunidad, volvió a reafirmar su compromiso con la defensa de la educación pública, en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria.

Allí sostuvo que “la defensa de la universidad pública hoy es una causa nacional y es también defender la democracia”, al advertir sobre el impacto del ajuste del Gobierno nacional sobre el sistema educativo y científico argentino.
“Defender la universidad pública no es defender solamente un edificio, un presupuesto o una institución. Es defender una idea de país; es defender todo el sistema que contiene a la universidad, y también una ley que defendimos en el Congreso de la Nación en más de una oportunidad”, expresó Pedrali durante su intervención, donde destacó el rol histórico de las universidades públicas como herramientas de movilidad social, igualdad de oportunidades y desarrollo federal.

La legisladora remarcó que la universidad pública argentina permitió que “millones de hijos e hijas de trabajadores pudieran convertirse en médicos, ingenieros, docentes, científicos y profesionales sin que el dinero fuera una barrera”, y aseguró que allí radica “una de las mayores conquistas de nuestra democracia”.
En ese marco, defendió la importancia de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y cuestionó el recorte presupuestario impulsado por el Ejecutivo nacional. “El presupuesto educativo atraviesa el nivel más bajo de las últimas dos décadas. Esta situación profundiza un atraso histórico en las universidades públicas, afectando su funcionamiento, el acceso a la educación y las posibilidades de desarrollo científico, académico y social de nuestro país”, señaló.
Pedrali sostuvo que la norma fue producto de la escucha y la preocupación de diputados y diputadas nacionales, buscando con esta ley «garantizar algo básico: que las universidades puedan funcionar, investigar, enseñar y seguir abriendo oportunidades en cada provincia argentina”, además de asegurar salarios dignos para docentes, investigadores y trabajadores no docentes.
Asimismo, advirtió que el desfinanciamiento universitario no afecta solamente al sistema educativo, sino también al desarrollo productivo y económico del país. “La industria, el agro, la minería, el comercio y los servicios necesitan profesionales formados en nuestras universidades. La educación pública no sólo es un derecho: también es una inversión económica y estratégica para la Argentina”, indicó.
Durante su discurso, también hizo referencia a la realidad educativa de La Rioja y destacó el rol de las universidades públicas en el interior del país. “En nuestra provincia contamos con tres universidades: la Universidad Tecnológica Nacional que hoy nos abre sus puertas; la Universidad Nacional de La Rioja y la Universidad Nacional de Chilecito, donde miles de jóvenes pueden estudiar y llevan detrás no solamente el esfuerzo personal sino sin lugar a dudas también el esfuerzo y sacrificio de sus familias”, afirmó.

Finalmente, la diputada insistió “tenemos una responsabilidad histórica de cuidar este patrimonio construido durante décadas”. Y agregó: “Hoy, cuando defendemos la educación pública en las calles, defendemos todo el sistema que sostiene a la universidad y también a la democracia. Defendemos una ley que insistimos en más de una oportunidad en el Congreso de la Nación, pensando, sobre todas las cosas, en cada una de las acciones que las casas de altos estudios realizan todos los días a lo largo y ancho de la Argentina. También defendemos a las y los docentes, el incremento de las becas Progresar y Manuel Belgrano, los fondos para el funcionamiento de las instituciones y, en definitiva, una política económica y social vinculada a un modelo de país”, concluyó.

---

En conferencia de prensa esta mañana, el ministro de Salud de la Provincia, Juan Carlos Vergara, advirtió que “la discontinuidad de programas y la reducción de medicamentos impactan directamente en la atención y ponen en tensión al sistema”, mientras que la diputada nacional Gabriela Pedrali señaló que “no solo se trata de la desaparición de programas, sino del desfinanciamiento de todo el sistema de salud”.

El Gobierno de La Rioja denunció el desfinanciamiento del sistema público de salud por parte del Gobierno nacional y advirtió sobre el impacto directo en programas esenciales, durante una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Salud, junto a la diputada nacional Gabriela Pedrali y la coordinadora del Plan Provincial de Salud, Romina Cuello.
Durante el encuentro, el titular de la cartera sanitaria advirtió que la provincia atraviesa un escenario crítico debido a la discontinuidad o reducción de múltiples programas que históricamente se ejecutaban de manera articulada entre Nación y provincias, afectando la eficacia del sistema público.

En ese sentido, remarcó la situación del Programa Remediar, al que definió como “estructural y vital”, ya que garantiza el acceso a medicamentos esenciales a millones de argentinos. Según explicó, este programa, que durante más de dos décadas abasteció a centros de salud de todo el país, sufrirá una drástica reducción: de un vademécum de más de 70 medicamentos pasará a contar con solo 3, limitados a patologías cardiovasculares.
En la provincia de La Rioja, Remediar abastecía a más de 100 centros de salud y hospitales, con alrededor de 3.400 botiquines anuales y la gestión de más de 360.000 recetas por año. La reducción impactará directamente en pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, asma, EPOC y en la población infantil, que dejarán de recibir tratamientos esenciales en el primer nivel de atención.

El ministro también se refirió a la interrupción en la provisión de medicamentos oncológicos, que anteriormente eran garantizados por el Instituto Nacional del Cáncer. Ante esta situación, la provincia debió asumir la compra con fondos propios para sostener los tratamientos, lo que genera demoras debido a los procesos administrativos. “Nuestra prioridad es no interrumpir ningún tratamiento, pero los tiempos de compra muchas veces juegan en contra y eso afecta directamente a los pacientes”, señaló.

Asimismo, advirtió que la reducción de medicamentos en el primer nivel de atención provocará una sobrecarga en hospitales y guardias, ya que los pacientes dejarán de encontrar respuestas en los centros de salud, generando un riesgo de saturación del sistema.

Junto a esto el ministro también alertó sobre el impacto en otros componentes estructurales del sistema sanitario. En relación a las residencias médicas, señaló que el Estado Nacional “se retiró del financiamiento y de la regulación, dejando de garantizar los recursos y el marco normativo que sostenía la formación de especialistas”, lo que generó un vacío legal y presupuestario que obliga a las provincias a hacerse cargo integralmente del sistema para asegurar su continuidad.

Impacto negativo

Por su parte, la diputada nacional Gabriela Pedrali expresó su preocupación por el impacto de estas medidas a nivel federal, señalando que “no solo se trata de la desaparición de programas, sino del desfinanciamiento de todo el sistema de salud”. En ese marco, cuestionó el recorte en políticas destinadas a adultos mayores, la disminución en la distribución de vacunas y la discontinuidad de programas sanitarios esenciales.
Pedrali informó que, desde el Congreso de la Nación, el bloque de Unión por la Patria impulsará una reunión plenaria de comisiones para rechazar la reducción del Programa Remediar y presentar pedidos de informes al Ejecutivo Nacional sobre el futuro de estas políticas. Además, no descartó avanzar en acciones legislativas y judiciales para exigir la restitución de los programas afectados.

Finalmente, las autoridades provinciales coincidieron en señalar que el retiro del Estado Nacional de sus responsabilidades sanitarias pone en riesgo la sostenibilidad del sistema público de salud y advirtieron que, de mantenerse estas medidas, podría producirse un colapso en la atención. En contraposición, destacaron el esfuerzo del Gobierno provincial por sostener y fortalecer el sistema, priorizando el acceso a la salud como un derecho fundamental para todos los riojanos y riojanas.